Apr 3 • Antü

El Parto respetado en Colombia: entre la legislación y la realidad

En julio de 2022, Colombia dio un paso trascendental en la garantía de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres con la promulgación de la Ley 2244, conocida como la Ley de Parto Digno, Respetado y Humanizado que pretende transformar la manera en que se atienden los nacimientos en el país, enfocándose en el bienestar de la madre y el bebé. Sin embargo, la realidad evidencia un panorama preocupante: el cierre masivo de servicios obstétricos en clínicas y hospitales, con un impacto devastador para las madres, los recién nacidos y el sistema de salud en general. En este contexto, el equipo de enfermería tiene un rol clave: ser el aliado de las familias en la promoción del bienestar y en la construcción de una experiencia de parto desde la armonía y el respeto.
Lejos de fomentar el parto respetado, la reducción de estos servicios es una forma de violencia obstétrica institucional. El argumento predominante detrás de estos cierres es la falta de rentabilidad y sostenibilidad económica de las unidades obstétricas. Pero aquí surge un cuestionamiento fundamental: ¿es posible replantear el modelo de atención obstétrica para hacerlo más respetuoso con las mujeres y, al mismo tiempo, más sostenible para las instituciones?

La respuesta no es sencilla, pero sí urgente. Lograrlo implicaría un cambio de paradigma en la educación de los profesionales de la salud, la flexibilización de los protocolos institucionales y una mayor conciencia en la formulación de políticas públicas en salud materna. Mientras tanto, la incertidumbre y el miedo crecen entre las mujeres gestantes ante un Gobierno que guarda silencio.

El Impacto de los cierres de servicios obstétricos y neonatales

La Organización Mundial de la Salud (OMS) reportó que en 2020 murieron aproximadamente 287.000 mujeres en el mundo por complicaciones en el embarazo o el parto, muertes que en su mayoría pudieron haberse prevenido con acceso oportuno a atención médica de calidad. En Colombia, el cierre de unidades obstétricas y neonatales pone en riesgo no solo la vida de miles de mujeres y bebés, sino también la estabilidad del sistema de salud. Este fenómeno acarrea múltiples consecuencias:

Para la madre y el bebé

- Aumento de la mortalidad materna y neonatal debido a la falta de acceso a atención médica oportuna.

- Mayor riesgo de complicaciones durante el parto, lo que incrementa la necesidad de cesáreas de emergencia y procedimientos invasivos.

- Complicaciones neonatales como asfixia perinatal, infecciones y bajo peso al nacer, que podrían prevenirse con cuidados adecuados.

- Impacto emocional y psicológico, incluyendo estrés, ansiedad y trastorno de estrés postraumático (TEPT) en las madres que enfrentan partos en condiciones adversas.

- Desprotección y vulnerabilidad ante un sistema de salud que no prioriza el bienestar materno y neonatal.
Para el sistema institucional, político, económico y social

- Colapso del sistema de salud: la sobrecarga de hospitales que aún mantienen servicios obstétricos afecta la calidad de la atención y la salud del personal médico.

- Desigualdad en el acceso a la salud: las mujeres en zonas rurales son las más afectadas, ya que deben desplazarse largas distancias para recibir atención médica, exponiéndose a mayores riesgos.

- Violación de derechos fundamentales: el cierre de estos servicios atenta contra el derecho a la salud, garantizado por tratados internacionales y la Ley 2244 de 2022, constituyendo un acto de violencia obstétrica institucional.

- Costos económicos a largo plazo: las complicaciones derivadas de la falta de atención obstétrica generan altos costos para el sistema de salud y las familias, además de afectar la productividad económica de las mujeres y sus comunidades.

- Desconfianza en el sistema de salud: la percepción de abandono y desprotección reduce la disposición de las mujeres a acudir a servicios médicos, perpetuando el problema.
Frente a este panorama, es imperativo que tanto el Gobierno, los gremios médicos, las universidades y las organizaciones de salud actúen de manera decidida para proteger los derechos y la vida de las madres y los recién nacidos en Colombia. 

Desde Antü, nos hemos comprometido activamente en la promoción del parto respetado, la formación de profesionales de la salud que quieren transformar su manera de acompañar a las familias en etapa perinatal y el empoderamiento de las mujeres para que conozcan sus derechos, se conecten con su propia sabiduría, retomen la soberanía sobre sus cuerpos y se permitan tomar las decisiones que mejor correspondan para ellas y su proceso.

El parto no es un negocio. Es un derecho fundamental y una cuestión de salud pública que exige el compromiso y la acción inmediata de todos los actores involucrados. Es momento de movilizarnos para transformar la manera en que nacen las nuevas generaciones y garantizar que cada madre y bebé en Colombia reciba la atención digna y respetuosa que merece.

Con cariño, Diana de la Montaña.
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